Buena noticia: Concesiones

Olga Feliú

En el reciente Congreso Nacional de Concesiones y ante importante audiencia, la Presidenta hizo una trascendente declaración: "La unión hace la fuerza, son más los puntos de vista que nos unen que los que nos diferencian. Y este congreso puede ser una maravillosa oportunidad de enfrentar juntos los desafíos que tenemos en materia de infraestructura".

Las concesiones de obra pública a particulares, se materializan en contratos administrativos que la Contraloría ha definido como aquellos por los cuales la Administración del Estado encarga a una persona que construya una obra pública, cuya ejecución le remunera concediéndole el derecho a explotarla una vez finalizada, durante un período determinado. Mediante estos contratos el Estado encomienda a particulares la construcción de obras públicas, labor que ejecutan a su entero costo, obteniendo como remuneración el derecho a explotar tales obras durante cierto tiempo transcurrido el cual ellas pasan a poder del Estado. Lo fundamental en ellos es la ejecución o construcción de las obras, siendo su explotación sólo un procedimiento para remunerar al particular que se encarga de construirla.

Durante largos años los estudiosos del derecho administrativo mantuvieron posiciones antagónicas en cuanto a los contratos administrativos. Algunos sostenían que los contratos eran una figura propia del derecho privado y negaban la existencia de contratos en el campo del Derecho Público. A muchos les costaba aceptar que el Estado se obligara convencionalmente. Sin embargo, estas apreciaciones han cambiado. Sobre la materia el profesor E. Silva C. sostenía –hace ya bastante tiempo- que "hoy se acepta que la Administración, aún actuando como Poder Público, es decir, dictando actos de autoridad, necesita de colaboradores, especialmente empresarios, que de común acuerdo con la Administración realicen tareas para alcanzar el bien común", agregando que "de esta manera, a la figura jurídica tradicional de los "actos administrativos", o actividad unilateral de la Administración del Estado, se le ha sumado la concepción de los "contratos administrativos", o actividad bilateral de la Administración del Estado."

Cabe llamar la atención que no obstante el carácter de contractual de la relación, en ella predomina el interés público, por lo que toca al legislador establecer las normas pertinentes para que éste prevalezca. En este sentido, es importante hacer presente que las relaciones entre el concesionario y la Administración son de derecho público, no así la de los particulares con otros privados que son las del derecho común. Desde el año 1990, se han aprobado diversas modificaciones. En todas ellas se ha procurado perfeccionar el sistema resguardando tanto el interés público, cuanto los derechos de los particulares. Cada una de estas modificaciones ha dado lugar a un debate parlamentario amplio, abierto, en que se han expuesto los distintos problemas que pueden presentarse y la forma como encararlos.

Pues bien, no obstante estos debates parlamentarios que permiten disipar aprensiones, subsisten persistentes cuestionamientos y en los discursos pertinentes se insiste en que sea el Estado quien invierta. Sin embargo, ello olvida que, ante recursos escasos, este empecinamiento posterga necesidades prioritarias.

Así lo destacaba, en el año 1995, el Presidente Frei al proponer la modificación de la legislación sanitaria –materia en esencia similar- donde hacía ver la importancia de la participación del sector privado, lo que permitía al Estado "concentrar su accionar en aquellas áreas prioritarias en donde el sector privado no representa un sustituto eficiente".

Los usuarios del Hospital Salvador son víctimas inocentes de esta porfía. Ello es francamente incomprensible. Hay un contrato vigente cuyo término tiene costo fiscal. El Hospital requiere un nuevo edificio, en forma urgente. Si se tratara de un recinto privado estaría cerrado por las condiciones que presenta.

Sólo un marcado prejuicio de que sea el Estado, y sólo él, ha podido llevar primero, a una huelga y, ahora, para acceder a lo pedido en ella, la paralización de las obras. Por eso el anuncio presidencial es halagüeño y debería escucharse, especialmente para este hospital.